«ÁBALOS REAL ESTATE», la inmobiliaria del IBEX 35 (el único paraíso es el fiscal)

"La política es un juego en el que unas personas, organizadas, utilizan al Estado para transferir renta y riqueza de unos grupos sociales a ellos, y a otros grupos que les sirven de apoyo. Es el latrocinio revestido de progreso y justicia".

"Los partidos que han ocupado el gobierno están sentando las bases de una democracia puramente formal, en la que las elecciones son a la democracia lo que el monopoly a la economía; unas elecciones en las que la oposición hace de refrendo de un gobierno dictatorial".

OPERACIÓN ÁBALOS: Banca, Dinero Público y Democracia

 

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"Ábalos Real Estate", la inmobiliaria del IBEX 35

El único paraíso es el fiscal

 

Quiero explicarles con detenimiento los efectos del "Plan Ábalos" (Orden del Ministerio de Transportes TMA/336/2020, de 9 de abril) para que el Estado pague las rentas derivadas de los arriendos de "soluciones habitacionales" de titularidad privada a determinados colectivos. 

Para poner en contexto a SAREB digamos que viene incurriendo en enormes pérdidas desde su creación. 

Lo relevante del mismo no es que permita expropiar viviendas (interpretación absurda de muchos medios de comunicación e incluso del gremio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) sino que gracias a su Orden se ha perpetrado un fabuloso trasvase de dinero público a los bancos y entidades que controlan SAREB, es decir, lo más selecto del IBEX, con la excepción de BBVA y Bankia; y a los mal llamados "fondos buitre", entre otros.  

SAREB tiene problemas de solvencia y no sabe cómo rentabilizar sus inmuebles

Los grandes tenedores de vivienda ya le habían ofrecido públicamente al ministro Ábalos en enero de 2020 que el Estado comprase SAREB con objeto de poner su ingente parque inmobiliario en el mercado de alquiler.

Para poner en contexto a ésta empresa digamos que viene incurriendo en enormes pérdidas desde su creación. 

Pues bien, en su consejo de 9 de marzo del presente, ya habían diseñado los cambios en la regulación contable que eran precisos para no tener que disolver la entidad y hacer posible su venta al Estado.  

Casualmente, al día siguiente, el 10 de marzo, ya en fase COVID 19, el Gobierno modifica por medio de un Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico, la normativa en los términos requeridos por SAREB para evitar que la reducción de su patrimonio neto obligase a su disolución. 

El Gobierno se limitó a trasladar al BOE la propuesta de la institución controlada por las instituciones financieras.

Llama la atención que SAREB solicitase el día 9 de marzo una modificación en la normativa legal para que el Estado pudiese comprar sus activos sin que SAREB tuviera que disolverse, y que al día siguiente el Gobierno se lo concediera, estando ya el COVID 19 haciendo estragos en la ciudadanía.  

Cabe preguntarse cómo es posible que el Gobierno permitiese el 8 de marzo, entre otros eventos, la manifestación feminista; y el día 10 ya supiese que SAREB necesitaba protección urgente bien para evitar que se depreciaran sus activos hasta el punto de poder entrar en causa de disolución, bien para hacer posible que el Estado pudiese adquirir la entidad y así arrendar sus inmuebles a grupos sociales vulnerables. 

¿Desde cuándo conocía el Gobierno los efectos que iba a provocar el COVID 19 para verse obligado a aprobar con carácter de urgencia por el Consejo de Ministros un cambio legislativo con la única finalidad de salvar o comprar a SAREB? 

¿Mera coincidencia? ¿Un lapsus, que diría Marlaska?

Dejemos esto aquí y volvamos al interés de SAREB en que el Estado comprase la entidad para luego arrendar sus activos inmobiliarios.

Las preguntas surgen inmediatas: ¿por qué no alquilaban ellos las viviendas? 

Si tan buen negocio era arrendarlas, ¿por qué querían renunciar a él vendiéndoselo al Estado para que fuera éste quien las alquilase? 

La respuesta es sencilla. 

Las entidades financieras y los fondos de inversión no quieren ocuparse de arrendar su gran stock inmobiliario porque todo alquiler plantea dos graves problemas:

a) La solvencia de los inquilinos. Pues bien, el trabajo de gestión de alquileres es mucho más arduo y costoso que el de la compraventa. 

b) Los costes de tramitación asociados al arriendo masivo de inmuebles, dado que cada alquiler exige un trato individualizado. En este sentido, SAREB viene pagando a las  inmobiliarias 200 millones de euros al año en gastos de intermediación por compraventas, según datos de 2018.Pues bien, el trabajo de gestión de alquileres es mucho más arduo y costoso que el de la compraventa.

 

 

 Ábalos le soluciona a los bancos su problema

Pues bien, la collera Sánchez-Ábalos, con la excusa de la pandemia, les soluciona el dolor de cabeza a los bancos dueños de SAREB SIN TENER QUE VENDER LA EMPRESA, es decir los inmuebles; haciendo que el Estado, la institución solvente por excelencia, sea su único inquilino; y endosando a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y Ayuntamientos el costoso y molesto trabajo de gestionar cada contrato de arrendamiento.     

Gracias al Gobierno de Progreso (?) el Estado se convierte en la perfecta inmobiliaria: alquila por cuenta de grandes propietarios (sobre todo los bancos que integran SAREB y otras entidades financieras) todos los inmuebles que no podían arrendar, y les garantiza el cobro de unas jugosas rentas.   

"Ábalos Real Estate". 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se ocupan, A COSTE CERO, de firmar los convenios con SAREB y de distribuir las viviendas entre los potenciales inquilinos, y el Estado se convierte en el pagador real de las rentas mediante un sistema que ha denominado "ayudas", que abona a las Comunidades Autónomas para que éstas se las entregan a los inquilinos o a los entes locales al efecto de que paguen las rentas a los propietarios de las viviendas, esto es, SAREB, entre otros. Ver artículo 4.6 de la Orden TMA 336/2020.  

¡Qué gran negocio para los, según Iglesias y sus troncos, "carroñeros fondos buitre"!

Utilizando palabras de la pedante Irene Montero podíamos decir que el Gobierno Sánchez "cuida" al IBEX 35. 

Todo perfecto. Pero aún no hemos llegado al clímax de la indignación.  

Recuerden que los dueños de los inmuebles proponían que el Estado adquiriese sus propiedades vía compra de SAREB. Con las informaciones de que dispongo no sé si llegaron a establecer un precio y una forma de pago. 

No obstante, el procedimiento de compraventa de los inmuebles hubiera sido muy sencillo y sin apenas daño al erario público: el Estado podría pagar las rentas que generasen los alquileres de las viviendas a los bancos durante un número determinado de años (8, 10, 12) y al final de ese periodo los inmuebles pasarían a formar parte del patrimonio del Estado. 

Esto es, el Gobierno sólo habría tenido que negociar con SAREB que las rentas se convirtiesen en la amortización de un préstamo hipotecario. 

Pues no. 

 

El Gobierno obliga al Estado a pagar rentas sin opción de compra 

La solución "Ábalos" ni la podían imaginar los "fondos buitre", pues el Estado les va a gestionar y rentar los inmuebles durante años ¡y los actuales dueños van a seguir manteniendo su propiedad! 

A esta propuesta ni siquiera se le puede oponer que con la minúscula renta que se va a cobrar a los inquilinos beneficiados por la "Orden Ábalos", los bancos tendrían que esperar decenas y decenas de años hasta ver pagados los precios en los que se fijasen sus inmuebles.  

Respecto a ésta objeción, recuerden lo que manifiestó el pasado enero el consejero delegado de Merlin Properties (puro IBEX 35), Ismael Clemente: "hay una leyenda urbana que dice que SAREB tiene activos en sitios que nadie quiere. Eso no es verdad, tiene activos en todos sitios y la MAYORÍA EN ZONAS TENSIONADAS DONDE EL ALQUILER HA SUBIDO DE FORMA ARTIFICIAL". 

Es decir, los inmuebles de SAREB están en las grandes ciudades y en buenas ubicaciones, por tanto, las rentas que se podrían obtener por ellos no tienen que ser necesariamente bajas en todos los casos.  

Sea como fuere, a día de la fecha desconocemos las cuantías de las rentas de cada futuro contrato y si cada inquilino va a sufragar parte o nada, pero lo relevante es que ¡el Gobierno ha decidido que el Estado, mediante su sistema de ayudas, pueda pagar a los bancos rentas de mercado! 

Así, la ayuda del Estado podrá alcanzar "hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble, establecido". 

"En supuestos debidamente justificados podrá alcanzar hasta 900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, establecido". Ver artículo 4.4 de la Orden TMA/336/2020.

Además, se entregarán "hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos". ¡Cómo se iba a olvidar el "Gobierno de los pobres", de los queridísimos amigos del IBEX 35, sector eléctrico y gasístico! 

Estas "ayudas" para el pago de las rentas tienen un límite de hasta cinco años, aunque nada impide que puedan prorrogarse teniendo en cuenta que el Gobierno del que es ministro Ábalos pretende continuar en el cargo hasta 2030 y ya sabemos que él está aquí para quedarse y no le echa nadie.

Por tanto, se produce el increíble suceso de que es el propio Gobierno el que marca los límites de las rentas al fijar las cuantías máximas de las ayudas que por éste concepto se compromete a abonar; y lo hace estableciendo unas cantidades (600€, 900€, más suministros) que previsiblemente van a estar por encima de las rentas del mercado después del desplome del sector inmobiliario como consecuencia del Covid 19.

Y para más inri, lo hace sin cobrar a SAREB ni un céntimo en gastos de gestión, cuando ya hemos visto más arriba que ésta entidad gasta 200 millones de euros anuales en gastos de intermediación. 

¿Por qué esta especulación al alza? ¿Por qué esta obscena manifestación de "socialismo de amiguetes"? 

Pero lo realmente extraño es que el Gobierno incentive que los convenios entre SAREB y las instituciones públicas puedan pactar rentas superiores a las de mercado, y sin embargo el Estado ¡NO SE HAYA RESERVADO UNA OPCIÓN DE COMPRA SOBRE LAS VIVIENDAS PARA QUE PUEDA ADQUIRIRLAS Y SE INCORPOREN AL PATRIMONIO DEL ESTADO CUANDO HAYA TRANSCURRIDO UN PERIODO DETERMINADO DE AÑOS DE ALQUILER! 

Es decir, el "Gobierno de Progreso" renuncia en beneficio de la flor y nata del IBEX 35, a que el Estado pueda hacer suyo un magnífico stock inmobiliario ofreciendo como precio o como parte del precio de la compraventa, las rentas que por alquiler va a pagar durante años.

Resulta incomprensible que la "Orden Ábalos" 336/2020, de 9 de abril, no contemple esta posibilidad, cuando los dueños de SAREB ya hemos visto al principio del artículo le habían propuesto al Estado la enajenación y el Gobierno había realizado el 10 de marzo los cambios legales necesarios para que tal circunstancia ocurriese. 

¿Qué pasó entre el día 10 de marzo y el 9 de abril entre "el papá Gobierno y la madre que alumbró a los bancos" para que todo cambiase?

Además, si el propio Ábalos en 2018 quería comprar viviendas a SAREB ¿por qué no lo ha hecho ahora adquiriéndolas sin perjuicio para las arcas del Estado bajo la fórmula que aquí hemos señalado de convertir las rentas en precio de compraventa? 

Al no exigir, al menos, una opción de compra sobre los inmuebles, el Gobierno ha desechado la posibilidad de que hasta los futuros inquilinos puedan adquirirlos, imputando como parte del precio la cantidad que los bancos hayan recibido del Estado en concepto de renta. 

Es decir, el "Gobierno de la gente" actúa en contra de la base social que asegura defender, pues rechaza que puedan mejorar su patrimonio convirtiéndose en propietarios, y les prefiere dependientes de la beneficencia estatal.  

Falta un último detalle. Sin duda el que produce mayor escarnio a los contribuyentes.  

 

"Socialismo de amiguetes" con dinero público a fondo perdido 

¿Quién paga la diferencia entre la renta que abone el Estado a la aristocracia del IBEX 35, y la que efectivamente lleguen a cobrar (si es que cobran alguna) las instituciones públicas a los inquilinos-clientes que ya han sido designados en la Orden TMA/336/2020?

¿Quién va a sufragar esa disparidad de rentas a fondo perdido dado que los receptores de las mismas (los bancos) seguirán siendo los dueños de los inmuebles cuando finalice el alquiler, gracias al Gobierno Sánchez? 

Naturalmente usted, querido lector. Usted y los millones de españoles que abonen sus impuestos al Estado pagador de sabrosas rentas a los bancos para que éstos puedan rentabilizar su enorme depósito de "soluciones habitacionales", sin que ni siquiera el Estado se los adjudique; o al menos se guarde una opción de compra que le hubiera permitido en cualquier momento la posibilidad de transmitir los inmuebles, y así recuperar en todo o en parte el monumental gasto público que ahora va a transferir, entre otras, a las grandes empresas del IBEX 35 dueñas de SAREB.

El hecho de que el Gobierno Sánchez obligue al Estado a arrendar centenares de miles de viviendas a las entidades financieras, incentivando que por esos alquileres se pacten rentas de mercado, sin garantizar que ese dinero de todos los españoles sea recuperado de alguna manera (imputando las rentas que se abonen a los bancos como precio de compra de los inmuebles, reservándose una opción de compra para tener el derecho de transmitir las viviendas a terceros al precio que libremente considere, o al menos pactando con los bancos que en el momento en que enajenen los inmuebles que ahora se van a arrendar, todo el dinero que hayan recibido en concepto de rentas deberá ser reembolsado al Estado) supone un monumental perjuicio a la Hacienda Pública que ni los mismos banqueros beneficiados osaron pedir al Estado, pues recordemos que lo único que solicitaban era que le comprase las viviendas. 

¿A cambio de qué favores el Gobierno Sánchez inyecta semejante cantidad de dinero público no recuperable a las mejores empresas del IBEX 35?

¿Cómo se puede ir a Bruselas a pedir que el resto de países de la Unión Europea nos otorguen subvenciones cuando el Gobierno dilapida el gasto con este regalo a las instituciones financieras? 

¿Cómo ha conseguido el Gobierno hacer pasar por una medida "progresista" lo que en realidad es una gigantesca desviación de fondos públicos en beneficio de los bancos que no sabían cómo sacar provecho a su bien nutrido inventario de inmuebles?

Pues lo ha hecho por el simple procedimiento de introducir en la Orden 336/2020 la palabra "ocupación" y frases como "personas especialmente vulnerables".

Con la propaganda le ha bastado a Ábalos y al Gobierno Sánchez-Iglesias para que el expolio del dinero de los contribuyentes se haya vendido como medida "socialista", "comunista" o "popular".  

A la luz de lo expuesto supongo que cualquier socialista o comunista abjurará del Gobierno Sánchez y de los partidos que lo sostienen. 

¿Decreto expropiatorio la "Orden Ábalos"? 
Sí, pero no para los grandes propietarios de viviendas que se frotan las manos, ¡sino para el pueblo! con excepción de un ramillete de beneficiarios damnificados o no del COVID 19, esto es, víctimas de violencia de género, gente sin hogar, desahuciados de su vivienda o "personas especialmente vulnerables" (?) que así consideren los políticos.

El pueblo es engañado o se deja engañar. Oye bellas palabras como "desfavorecido", "renta mínima" y cree que su Gobierno es bondadoso y le va a proporcionar "cuidados", pero lo único que obtiene son peores servicios y crecientes impuestos para financiar los intereses clientelares de la clase política.

Vean si no, cómo la "altruista" SAREB, en pleno confinamiento corre para poner "a disposición de los Ayuntamientos" decenas, centenares de miles de viviendas para que el Estado le abone cuanto antes rentas con dinero público que no recuperaremos gracias a la inconfesable concesión del Gobierno Sánchez. 

El tramposo socialismo-moralismo es la táctica de la oligarquía que nos desgobierna para conseguir vivir a costa del pueblo y que éste consienta que le roben en su cara y aplauda.

El caso que les he contado es un buen ejemplo. 

Seguro que ahora entienden por qué se ríe tanto Ábalos.

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PARTE II 

El mercado del alquiler de viviendas, un monopolio para los bancos 

 

 

En el primer capítulo de esta serie me centré en demostrar que el conocido como "Plan Ábalos" (Orden del Ministerio de Transportes TMA/336/2020, de 9 de abril) creado con la excusa del Covid 19, no tenía como efecto la expropiación de viviendas privadas ni legalizaba la ocupación de inmuebles.

Por contra, explicaba que la referida Orden era la consumación de un proyecto que los bancos integrados en SAREB y el ministro Ábalos llevaban años preparando con meticulosidad, pero que no encontraban el momento de llevarlo al BOE por lo que supone de escandaloso desvío de dinero público a fondo perdido a, entre otras, las principales empresas financieras del IBEX 35.

La confusión social provocada por la pandemia les ha otorgado la oportunidad que tanto tiempo ansiaban.

En este artículo voy a empezar a diseccionar los detalles de la Orden para que comprendan las terribles consecuencias destructivas que va a producir en el mercado inmobiliario. 

Fácilmente deducirán que la norma no ha sido redactada a mata caballo para servir de "escudo social" (?) contra el Covid 19, sino que es el fruto de un plan de largo alcance con objetivos opacos.

La norma se divide en dos apartados.

El primero es un plan para garantizar que los inquilinos en situación de dificultad económica a causa de la crisis sanitaria puedan pagar las rentas del alquiler de su vivienda habitual. 

Está bien diseñado porque además de ser coyuntural (6 meses) no es intervencionista, pues se limita a evitar que los arrendatarios sean desahuciados por impago y garantiza a los caseros el cobro de una renta de la que depende su economía familiar. 

Se financia mediante una línea de avales con la garantía del Estado a través del ICO de hasta 1.200 millones de euros, que los arrendatarios tendrán que devolver sin gastos ni intereses durante un periodo de entre 6 y 10 años. Ver minuto 43:00 a 44:00 de la comparecencia del ministro en la Comisión correspondiente del Congreso el pasado 27 de abril.   

En cambio, la segunda parte de la Orden, titulada "Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual", no está motivada por el Covid 19, tiene voluntad de permanencia (en principio cinco años) es financiado por el Estado con subvenciones (de momento, además de los 346 millones de euros ya presupuestados para 2020 del Plan estatal de Vivienda, otros 100 más, ver minuto 44:00 a 44:40 y 54:20 a 55:30 de la comparecencia del ministro en la Comisión correspondiente del Congreso el pasado 27 de abril) y pretende eliminar el mercado privado de alquiler de viviendas para convertirlo en un negocio cautivo con cargo al Estado en beneficio de los bancos.  

 

 

Supresión del programa del Gobierno Rajoy para desahuciados

¡Qué empiece la fiesta!

Para lograr éste objetivo ha sido suficiente eliminar el anterior programa de ayudas a personas y familias que iban a ser desahuciadas que contemplaba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado en 2018 por el Gobierno del Partido Popular; y sustituirlo por el artículo 4 de la "Orden Ábalos".

El Plan Estatal del Partido Popular en lo referente a inmuebles para personas en situación de desahucio de su vivienda habitual se resumía en lo siguiente:

a) Los beneficiarios eran aquellos que iban a ser objeto de lanzamiento de su vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por impago de la renta del alquiler, porque ya tenían señalada la fecha de la subasta judicial.

b) Para tener acceso a la ayuda, el beneficiario o el conjunto de los miembros que integrasen la unidad de convivencia, no podían disponer de otra vivienda ni tener unos ingresos que, en conjunto, superasen tres veces el IPREM (salario mínimo) o cuatro veces si se trataba de familias numerosas de categoría general.

c) La solución para garantizar una vivienda a las personas en trance de lanzamiento de su domicilio consistía en que las entidades de crédito constituyesen fondos de vivienda para alquiler social.

Si las viviendas no se encontraban en condiciones de habitabilidad eran las entidades de crédito quienes tenían que contribuir a la correspondiente adecuación, aunque el Ministerio podría aportar hasta 1.500 euros por vivienda.

d) La renta del alquiler social pactada entre las instituciones públicas y los beneficiarios tenía que ser igual o inferior a 400 euros al mes, en función de unos datos objetivos que se enumeraban (superficie, número de habitaciones, antigüedad o ubicación).

e) Esa renta de hasta 400 euros podía ser sufragada en su totalidad por el Estado. 

El Ministerio de Fomento se haría cargo del 80% y las Comunidades Autónomas del restante 20%.

Pues bien, todo este sistema del Plan de Vivienda 2018-2021 para dotar de equidad a las ayudas a desahuciados de su vivienda habitual, salta por los aires para multiplicar los potenciales beneficiarios de las ayudas estatales al alquiler de viviendas. 

Así, el artículo 3 de la "Orden Ábalos" elimina el Plan de Vivienda Rajoy en la parte referida a la protección de las personas que iban a ser desahuciadas por impago de la hipoteca o de la renta, y lo amplía con un programa "de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables", con la consecuencia de liquidar el sistema de provisión de viviendas en alquiler que hemos conocido hasta este momento.   

A partir de ahora, cualquiera que integre los colectivos antes mencionados, salvo que tengan a su alcance otra vivienda, tendrá derecho al arriendo de una "solución habitacional" financiada, en todo o en parte, por el Estado.

Es decir, en el caso de las personas o familias en riesgo de desahucio no se exige que la causa del lanzamiento sea económica (ejecución hipotecaria o impago de la renta) ni tampoco se excluye a quienes tengan ingresos mensuales superiores tres veces al IPREM.

Por increíble que parezca, los colectivos protegidos por la "Orden Ábalos" tendrán derecho, con independencia de sus ingresos y de la causa de resolución del contrato, a que CC.AA. y/o Ayuntamientos les proporcionen una "situación habitacional" de alquiler social, y además, una ayuda de hasta 600 euros al mes (900 € en determinados casos) y hasta el 100% de la renta fijada, más 200 € como cantidad límite para gastos de comunidad y suministros.  

Si no me creen lean el artículo 4.4 de la Orden TMA 336/2020, de 9 de abril, o echen un vistazo a la información que proporciona el propio Ministerio respecto a los requisitos  (o mejor, ausencia de los mismos) para tener acceso al programa.

Por último, ¿por qué el Plan de Vivienda 2018-2021 del PP no hablaba de "solución habitacional", y sin embargo Ábalos la repite hasta titular así el apartado 3 del artículo 4 de su Orden?

¿Qué quiere decir "solución habitacional"?  

Simplemente que el Estado concederá ayudas para arrendar viviendas de titularidad privada, "o cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias".

Por tanto, se podrán alquilar locales susceptibles de ser aprovechados como pisos, edificios dotacionales como apartahoteles, apartamentos que tengan licencias de oficina... En definitiva, cualquier inmueble que pueda ser ocupado, aunque no tenga la categoría jurídica de vivienda. 

Con los ingredientes legales ya dispuestos y detallados, dejo para el próximo artículo el análisis de cómo y para qué un mercado libre se ha convertido en un oligopolio peronista en perjuicio de los ciudadanos. 

Aunque intuyan el horror, la realidad superará su peor pesadilla. 

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PARTE III

 

Clientelismo político y "empresaurios"

 

En el anterior artículo expuse que la "Orden Ábalos" TMA/ 336/2020, de 9 de abril, había liquidado una parte esencial del Plan Estatal de  Vivienda 2018-2021 del Gobierno Rajoy con el objetivo de "flexibilizar" los requisitos para que, con independencia de sus ingresos, "víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables" (?) pudiesen alquilar una "solución habitacional" sufragada por el Estado.

Es decir, se ha dado cauce legal para que aumente en progresión geométrica la cantidad de potenciales receptores de subvenciones públicas, cuyos beneficiarios últimos serán las entidades financieras al ser su gigantesco stock de activos inmobiliarios el que alquilará y pagará el Estado a fondo perdido.     

¿Por qué se comete esta arbitrariedad en un momento de crisis económica nacional?

Por dos motivos. Uno político y otro económico.

El motivo político no es otro que el plan de ayudas al alquiler gratuito es un poderoso instrumento de clientelismo, al reservarse los gobernantes el poder de regalar el uso de viviendas a quienes ellos tengan a bien. 

El ejemplo más claro lo ofrece la ausencia de criterios objetivos económicos en la "Orden Ábalos" para definir a quién se considera "persona especialmente vulnerable" (¿ingresos de menos de tres salarios mínimos? ¿menos de dos?) otorgando así el máximo grado de discrecionalidad en la concesión de las ayudas a los "servicios sociales autonómicos y locales" que gestionan el programa y deciden quién tiene casa gratis y quién no.  

Para entender el motivo económico debemos saber dos cosas: que SAREB es una máquina de perder dinero y que el Estado es avalista de la deuda de SAREB, que asciende a más de 35.000 millones de euros a fecha 2019.

Dado que SAREB no podrá pagar su deuda, la deuda de SAREB es del Estado. 

O lo que es igual, SAREB le debe al Estado 35.000 millones de euros.

Pues bien ¿qué fórmula han encontrado el "Gobierno de progreso" y SAREB para que ésta pueda ir pagando su ineludible débito con el Estado? 

Muy sencillo: que SAREB abone su deuda con el Estado con las rentas que el Estado le abone a SAREB por el alquiler de su inmenso catálogo de fincas urbanas.  

No se rían.  

 

 

Incentivos perversos y competencia desleal

La consecución de los objetivos propuestos por la "Orden Ábalos" introduce incentivos perversos en el funcionamiento del mercado inmobiliario y en la sociedad.

En el caso de las "víctimas de violencia de género" supone una irresistible tentación para que aumente el número de denuncias falsas de mujeres a sus parejas con el objetivo de lograr el alquiler social.

Qué decir sobre el derecho de los desahuciados por lanzamiento judicial a ocupar una "vivienda social", con independencia de sus ingresos y de la causa de resolución del contrato. 
Imaginen cuán absurdo es que el inquilino vándalo que no cuide la vivienda o el que se vea obligado a salir de la misma por realizar actividades molestas o peligrosas, también tendrá derecho a una "solución habitacional" estatal, aunque por sus ingresos pueda acceder a alquilar otra.

Pero lo más grave es que la concesión de "soluciones habitacionales" a determinados colectivos, financiadas en todo o en parte por el Estado, supone una competencia desleal para los pequeños propietarios que arriendan viviendas como forma de complementar sus ingresos, y para las agencias inmobiliarias que se encargan de comercializarlos.

No olvidemos que los pequeños propietarios suponen el 85% de este mercado, según el propio Ábalos (ver minuto 41:10 a 42:10 de este vídeo).   

La competencia desleal se produce de dos formas:

a) El Estado estimula que los inquilinos incumplan sus contratos de arrendamiento con propietarios privados, para así ser desahuciados y engrosar el grupo de los beneficiarios de alquiler social a coste cero o próximo a cero. Las artes para alcanzar un piso financiado por el Estado gracias a ser desalojado de otro piso, dará para una antología de la picaresca.

b) Mientras los ciudadanos que quieran arrendar un inmueble destinado a fines residenciales sólo pueden hacerlo legalmente si disponen de una vivienda que tenga la licencia municipal correspondiente, el artículo 4.3 de la "Orden Ábalos" otorga la posibilidad de que el Estado financie el arrendamiento de cualquier "solución habitacional", esto es, viviendas o "cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada".

 

Esta habilitación permite que el Estado pueda conceder ayudas para que CC.AA. y Ayuntamientos, pero no los ciudadanos, puedan alquilar como viviendas, fincas urbanas que no dispongan de la licencia municipal para ser utilizadas como viviendas.

Por ejemplo, locales, lofts (naves industriales que se usan como pisos) apartahoteles (edificios para hospedaje que no pueden obtener licencia municipal de vivienda).

Como pueden comprobar, los "filántropos" de SAREB han pensado en todo. No se les ha escapado nada.

En conclusión, al convertirse el Estado en el primer inquilino del Estado, destruye el descentralizado y libre mercado del alquiler de viviendas, y lo convierte en un oligopolio en beneficio de las entidades financieras que endosan al Estado todo su surtido de inmuebles, para que los funcionarios se ocupen a coste cero de distribuirlo entre la población, a cambio de que los bancos reciban cada mes dinero público contante y sonante.

El Gobierno del PSOE y Podemos ha realizado lo que podríamos denominar una "legislación económica de autor", esto es, destinada a entidades perfectamente identificables (SAREB y pocas más) donde se imposibilita la libre concurrencia de otros actores que no sean los beneficiados a priori.  

¿Por qué no ha regulado la "Orden Ábalos" un sistema de subastas donde cualquier persona física o jurídica pueda ofrecer a las entidades públicas inmuebles listos para ser ocupados, y éstas elegir la oferta más barata?

 

 

Cómo proteger la cuota hipotecaria media con rentas por alquileres 

Habiendo analizado el desastre que para la sociedad supone la "Orden Ábalos", cabe preguntarse si ello era necesario para proteger a "víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables".

¿No había forma de que estos colectivos tuvieran un techo sin distorsionar el mercado del alquiler de viviendas, sin dilapidar el gasto público que sufraga el pueblo con sus impuestos?

Claro que las había.  Una fórmula socialdemócrata hubiera consistido en convertir las rentas que se van a pagar, en parte del precio de una futura compraventa de los inmuebles para aumentar así el parque de viviendas del Estado.  

¿Para qué se ha hecho entonces de la forma más gravosa para el contribuyente, además de para fomentar el clientelismo político y para que SAREB pueda pagar su deuda con el Estado con las rentas por alquiler de viviendas que le va abonar el propio Estado?

La "Orden Ábalos" era imprescindible para los bancos porque gracias a la ayuda mensual por alquiler de sus viviendas de hasta 600 € (900 € en determinados supuestos) y hasta 200 € más para gastos de suministros; el Estado les ha permitido transformar lo que es uno de los principales destinos del ahorro popular, en un fabuloso negocio financiero en un momento de bajísimos tipos de interés y crecientes pérdidas patrimoniales. 

La clave está en los 600 €. 

Desde que leí por primera vez la "Orden Ábalos" no entendía el motivo de establecer un tope en la ayuda del Estado tan alta, teniendo en cuenta que ya se conocía la crisis económica cuando se aprobó la misma.  

¿Por qué esa cantidad de 600 €?

La razón era sencilla: la cuota hipotecaria media en España se sitúa en 587 euros, a fecha 2019 (aunque en la mayor parte de las provincias esté por debajo de ésta suma)

Es decir, los bancos se garantizan que aunque ocurra un terremoto de impagos en el mercado hipotecario, el Estado les salvará manteniendo la rentabilidad media de sus préstamos al abonarles con dinero público hasta 600 euros mensuales por el arriendo de sus "soluciones habitacionales", asegurándose así por cada vivienda ingresos similares a la cuota hipotecaria media (587 euros)

Apuesto a que la renta que pacten SAREB y las instituciones públicas por cada piso tendrá como guía, no la situación de la "persona especialmente vulnerable", sino el cuadro de amortización del préstamo hipotecario fallido correspondiente a cada vivienda que se pretenda alquilar. 

¿Creen que soy un malvado por dudar de la buena fe de esos benefactores sociales que son el "Gobierno del pueblo" y SAREB?

El Plan Estatal de Vivienda de 2018-2021 del Gobierno Rajoy antes de que fuera podado por el "Gobierno de progreso", establecía en su artículo 21 que el precio del arrendamiento de inmuebles para personas en situación de desahucio de su vivienda habitual, no podría ser superior a 400 euros y no se contemplaban ayudas a los suministros del inmueble.

¿Por qué entonces se sube el límite de las ayudas un 100% (hasta 600 € para pago de rentas y hasta 200 para gastos suman 800 €) si cuando se aprueba la "Orden Ábalos" (9 de abril de 2020) ya se conoce que la situación económica es de crisis absoluta? 

Salvo prueba en contrario, la causa de semejante diferencia se debe a que el objetivo económico de la "Orden Ábalos" es garantizar que los bancos sigan recibiendo, como rentas netas por el alquiler de sus viviendas al Estado, una cantidad mensual prácticamente igual a la cuota media de los préstamos hipotecarios en España, que se encuentra en 587 euros.

 

La incalculable estimación de dinero público que perderemos

El latrocinio que se dispone a perpetrar el "Gobierno de progreso" se resume en lo siguiente:

El comprador de una vivienda con préstamo hipotecario pagará dos veces a las entidades financieras. Una por su hipoteca y otra por la parte alícuota que le corresponda de la suma que el Estado abonará a los bancos por el alquiler de sus fincas.

También el inquilino de una vivienda no financiada por el Estado pagará dos rentas. La de su vivienda, más la cuota que le pertenezca de la renta que el Estado pague a los bancos por las "soluciones habitacionales" que les arriende.

Y todo ello sin costes de gestión para las entidades financieras, dado que los funcionarios del Estado serán su inmobiliaria particular para colocar sus fincas entre los afortunados por la lotería estatal. 

Recordemos que SAREB viene gastándose 200 millones de euros al año en intermediación por enajenar sus inmuebles, pero no va a pagar ni un euro al Estado por el minucioso trabajo de gestionar y arrendar su inventario de pisos durante años y años. 

A día de hoy es imposible realizar un cálculo aproximado del dinero público que se va a trasladar a los bancos.

Sólo disponemos del dato proporcionado por el propio Ábalos, referente a que, además de los 346 millones de euros ya presupuestados para 2020 del Plan Estatal de Vivienda, el Ministerio ha aportado otros 100 más para financiar el alquiler de viviendas privadas, ver minuto 44:00 a 44:40 y 54:20 a 55:30 de la comparecencia del ministro en la Comisión correspondiente del Congreso el pasado 27 de abril) 

Si en 2018 SAREB estimaba que tardaría diez años en liquidar su stock, con la crisis económica instalada en el país esa estimación se queda cortísima, por lo que el gasto del Estado en alquileres de viviendas de la banca puede rozar el infinito.  

Y no nos cansaremos de repetir que con todo ese dinero público no aumentará el parque de vivienda social del Estado, porque la propiedad de los bienes arrendados seguirá perteneciendo a las entidades financieras para que lo puedan vender cómo y cuándo quieran.  

La obscenidad de la "Orden Ábalos" TMA/336/2020 de 9 de abril, no se manifiesta sólo en que hayan tenido que aprovechar la alarma social de una pandemia para legalizar este expolio sin debate público, sino que al aprobar la Orden TMA 378/2020, de 30 de abril, que desarrolla el artículo 2 de la "Orden Ábalos", ¡no menciona a ésta ni una sola vez!

Es obvio. La "Orden Ábalos" es una norma inmoral que tienen que ocultar.

Aunque en realidad lo que debieran hacer es derogarla, porque la solvencia económica del Estado está comprometida si se dedica a pagar centenares de millones de euros cada año en concepto de rentas a fondo perdido a entidades privadas como SAREB, que para rizar el rizo de la burla ya hemos señalado que el Estado avala su deuda de más de 35.000 millones de euros. 

Aún están a tiempo de parar el desastre.

Ojalá la masiva difusión de estos artículos que ya ha comenzado desde que se publicó el primero el 24 de abril, contribuya a lograrlo. 

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